Normativa ambiental chilena

La ley madre del sistema: define los instrumentos de gestión ambiental, el SEIA, la responsabilidad por daño ambiental y los conceptos que usa todo el resto de la normativa.

Crea el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). Su artículo segundo contiene la LOSMA, que regula la fiscalización y las sanciones.

Crea los tres Tribunales Ambientales, que revisan las sanciones de la SMA, las reclamaciones contra RCA y las demandas por daño ambiental.

El reglamento que todo ingeniero ambiental usa a diario: tipologías de ingreso (art. 3), criterios que obligan a un EIA en vez de una DIA (art. 11 de la Ley 19.300) y los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS).

Crea el SBAP y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Reordena la gestión de parques y reservas e introduce nuevos instrumentos de conservación, incluidos sitios prioritarios.

Regula la recuperación del bosque nativo y el fomento forestal; sus planes de manejo son requisito habitual en proyectos con corta de vegetación nativa.

Fija la meta de carbono neutralidad a 2050 con rango legal, crea presupuestos de carbono, planes sectoriales de mitigación y adaptación, y baja obligaciones a nivel regional y comunal.

Obliga a los productores a hacerse cargo de sus productos al final de la vida útil. Sus decretos de metas por producto prioritario (envases y embalajes, neumáticos, aceites, aparatos eléctricos, pilas y baterías) están transformando la gestión de residuos en Chile.

Prioriza el consumo humano y el saneamiento, convierte los nuevos derechos de aprovechamiento en concesiones temporales y refuerza la protección de acuíferos, humedales y caudal ecológico.

Norma de emisión para descargas de riles a aguas marinas y continentales superficiales; referencia obligada en el diseño de plantas de tratamiento y en la evaluación de descargas.

El DS 59/1998 (MP10) y el DS 12/2011 (MP2,5) definen los límites que determinan zonas latentes y saturadas, gatillando los Planes de Prevención y/o Descontaminación Atmosférica (PPDA).

Tratado regional sobre acceso a la información, participación ciudadana y justicia en asuntos ambientales, con protección para personas defensoras del medio ambiente.